Investigan el origen de los relojes de lujo que un narco regaló a policías

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, justifica la orden de entrada y registro porque los responsables de la joyería se han negado hasta ahora de forma "reiterada" a facilitarle la documentación que les solicitaba, ya que han mantenido una actitud "obstructiva" e incluso le han intentado "confundir".

Los Mossos d'Esquadra registraron ayer desde primera hora de la mañana, por orden judicial, una de las joyerías Rabat de Barcelona, en busca de documentos para averiguar el destino de 77 relojes y objetos de lujo comprados entre 2004 y 2009 por el confidente y presunto narcotraficante Manuel G.C., que está siendo investigado por sus vínculos con la policía.

En el auto, el magistrado justifica la entrada en la joyería, situada en el número 99 del Paseo de Gracia de Barcelona, para hallar los números de referencia correspondientes a los relojes de lujo "presuntamente regalados por Manuel G.C. a una serie de personas que ocupan cargos relevantes en el ámbito policial".

El juez recuerda en su escrito que el propio Manuel G.C. manifestó en sede judicial que los relojes fueron a parar a funcionarios públicos relevantes, aunque aseguró que no se los regaló, sino que hizo la compra a su nombre porque en la joyería le hacían una rebaja del precio de un 30%.

En el auto, el juez se sorprende por este argumento de Manuel G.C, ya que, según remarca, éste no le ha podido explicar cómo logró concertar esta rebaja tan importante "cuando no poseía más medios de vida lícitos antes de 2004 que una tienda de compraventa de coches de segunda mano".

El juez también señala que el confidente no le ha podido justificar cómo llegó a trabar amistad y ganarse la confianza de "personas tan notorias".

En cualquier caso, el magistrado señala que o bien Manuel G.C. "les regalaba relojes (a los cargos policiales) en agradecimiento a no sé sabe qué favores" o bien los funcionarios se sentían "con la confianza suficiente cómo para recurrir a él para obtener más baratos unos relojes, aún así inaccesibles a un funcionario público corriente", ya que muchos de ellos tienen un precio de 15.000 euros.

El magistrado destaca en su escrito que está investigando la posible comisión de los delitos de cohecho y blanqueo de dinero, los cuales resultan a su juicio "de especial gravedad en cualquier país democrático, y más aún en la actual situación de crisis económica".

Según el juez, un contexto de crisis como el actual exige que los poderes públicos "actúen firmemente en la represión de comportamientos presuntamente corruptos o presuntamente atentatorios contra la Hacienda Pública, pues ambas formas de actuar indignan legítimamente a la población general, cuyos medios económicos son limitados y cuyo salario anual en muchas ocasiones es equivalente al precio de un solo reloj".

En su auto, el juez también carga contra el representante legal de Rabat, Ramón Nolis Rabat, quien se ha negado de manera "reiterada" a aportarle los números de referencia de los relojes, con lo que está "dificultando" la averiguación de la titularidad de sus usuarios y la efectiva comprobación acerca de si hubo o no tal regalo, para establecer así si existen o no indicios de cohecho.

Es más, según el magistrado, tras pedir por dos ocasiones que le dieran esta información, los representantes de Rabat le han intentado "confundir" aportando los números de catálogo como si fueran los de referencia.

En un comunicado, la joyería Rabat sostiene por contra que ha contestado y aportado todos los datos requeridos por el juez y destaca que no ostentan ninguna condición en el proceso.

Al registro, que se ha iniciado hacia las 10.00 horas y aún sigue en marcha, ha acudido el intendente Jordi Bascompte, jefe de la división de investigación criminal de los Mossos d'Esquadra.