PSC y CDC sueltan lastre y suspenden de militancia a los acusados por Garzón

PSC y CDC han soltado lastre hoy al suspender de militancia, de forma temporal, a todos los imputados socialistas y convergentes en el caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El PSC ha suspendido de militancia de forma preventiva al alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, al concejal Manuel Dobarco y al director de servicios de este ayuntamiento, Pasqual Velas. Muñoz y Dobarco han renunciado a sus cargos y serán sustituidos en 48 horas.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha enviado un mensaje interno y externo al partido al afirmar que los socialistas catalanes aplicarán siempre 'tolerancia cero' cuando un militante o cargo electo esté imputado por la justicia.

El acuerdo de la ejecutiva socialista se ha tomado por iniciativa del presidente catalán y primer secretario del PSC, José Montilla, y llega en un momento de malestar con la gestión política, como prueba la manifestación contra la corrupción urbanística convocada el jueves, día 5, por la tarde por la Plataforma por la defensa de la Serra de Marina y Can Zam de Santa Coloma de Gramenet.

El PSC estudia ahora reformas de su código ético y cambios legislativos que permitan un mayor grado de transparencia y frenar este tipo de casos, cuestiones que se contemplarán en el capítulo de 'Gobernanza' del programa marco del PSC, que no estará listo hasta la próxima primavera.

Por su parte, el secretario general de CDC y líder de CiU, Artur Mas, ha confirmado la suspensión temporal de militancia del ex conseller Macià Alavedra y del ex secretario de la Presidencia Lluís Prenafeta, decisión que ha presentado como 'dolorosa' por la amistad y 'afecto' que mantiene con ellos, pero a la vez 'necesaria'.

Asimismo, Mas ha remarcado que esta solución no ha sido 'ni fácil ni cómoda ni agradable', y ha subrayado que 'sobraba el escarnio y la vejación pública' de los detenidos por el caso Pretoria, de presunta corrupción urbanística en diversos municipios catalanes.

CDC ha resuelto la baja temporal de ambos en una ejecutiva marcada por el cierre de filas y a la cual no ha asistido, al estar de viaje en Marruecos, el ex presidente Jordi Pujol, que mañana está previsto que dé su opinión sobre la detención de sus antiguos colaboradores.

El líder de CiU ha precisado también que en las conversaciones grabadas por orden judicial a Lluís Prenafeta hay una en la que éste le pide el teléfono de una concejal de CiU de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) para hablar de un proyecto urbanístico que interesaba al ex secretario de Presidencia. Mas ha dejado claro que no tiene 'nada que esconder'.

Por su parte, ERC se ha desmarcado del PSC y de CiU, que cuestionan la difusión de imágenes de los detenidos por la trama de corrupción urbanística, y tras lamentar que 'se critique ahora y no en otros casos', ha rechazado que 'se hable más de las bolsas de plástico (en las que llevaban sus pertenencias) que de las del dinero' defraudado.

Asimismo, el conseller de Interior y presidente de ICV, Joan Saura, ha exigido hoy que la justicia actúe con contundencia en los últimos episodios de corrupción destapados en Cataluña para que 'pague quien la haga', y ha puesto este caso como prueba de la existencia de una 'burbuja especulativa de narices'.

Por su parte, la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha reclamado al Govern y a los partidos catalanes 'tolerancia cero' ante cualquier caso de corrupción y una posición 'ejemplarizante y contundente', por lo que ha exigido 'luchar con hechos concretos, y no con discursos vacíos'.

A pesar de la distancia política con el PPC, el coordinador general de EUiA, Jordi Miralles, también ha lanzado un mensaje en el mismo sentido al instar a los tribunales y a los partidos a 'ser implacables' con los corruptos y 'con los corruptores que provienen del mundo económico'.

Desde Ciutadans, su líder, Albert Rivera, se ha referido a las declaraciones hechas por el ex presidente Jordi Pujol sobre el daño que puede provocar 'tirar de la manta', y le ha exigido que 'declare ante la Fiscalía lo que esconde'.