Nueve claves del rescate

El uso de la palabra "rescate" centra buena parte del debate político y mediático. El Gobierno se esfuerza en denominarlo "línea de crédito" y en recalcar que es una inyección a los bancos y no al Estado. La prensa internacional y la oposición no duda en denominarlo "rescate", aunque sea a la banca, porque el Estado español no tendría capacidad para ofrecer una ayuda similar.

Estamos ante otro debate léxico. A diferencia de los rescates a Grecia, Portugal e Irlanda, el rescate no implica la cesión directa de soberanía a organismos supranacionales, aunque la 'troika' —Eurogrupo, Bruselas y FMI— sí controlará la ejecución del préstamo y la Comisión Europea asegura que conlleva obligaciones y compromisos. Su vicepresidente, Joaquín Almunia, lo ha explicado con contundencia: "quien da dinero nunca lo da gratis".

Los más críticos con el rescate, como Izquierda Unida, opinan que ya estamos intervenidos de facto, al estar aplicando con antelación las medidas de ajuste que desean los organismos internacionales y los mercados.

El Gobierno asegura justo lo contrario, que esta inyección habría supuesto una intervención política si España no hubiese ejecutado los recortes.

La cifra de los 100.000 millones no es el importe definitivo del préstamo, sino la cantidad que la UE pondrá a disposición del rescate. Más tarde, cuando terminen las auditorías a la banca española, se fijará la cifra final. Según el FMI, la banca necesita 90.000 millones y puede cubrir con sus propios fondos unos 50.000. Es decir, la UE tendría que prestarnos unos 40.000 millones de euros inicialmente. Otras fuentes creen que España pedirá 60.000 millones para tener más margen de auxilio a la banca.

Actualización (22/06/2012): Las auditorías de Olyver Wyman y Roland Berger prevén que, en el escenario más adverso, la banca requiera entre 51.000 y 62.000 millones de euros.

Todavía no está claro. Hay dos posibilidades y una de ellas sería ciertamente paradójica. El rescate puede llegar desde el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) o desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM).

El Fondo emite deuda, los inversores la compran y más tarde reciben un interés por su inversión. Los Estados actúan como avalistas de esos préstamos en función de su peso en la UE. Lo curioso es que España participa en el fondo con un 12,5 por ciento de los avales. Es decir, España pone una parte importante de las garantías que ofrece el fondo. Otro país que está en el punto de mira de los mercados, Italia, aporta más: el 19%. En su día, tras ser intervenidos, Grecia, Irlanda y Portugal dejaron de actuar como avalistas del fondo.

Alemania y Francia son los mayores avalistas del fondo, con un 29% y un 22%, respectivamente. Justo detrás están, por ahora, Italia y la propia España.

En contra de los deseos del Gobierno, la inyección no puede ir directamente a la banca. Tendrá que ser el Gobierno quien pida el dinero y el Estado será el avalista. La cifra será administrada por el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, un organismo público creado por el Gobierno y regido y administrado por el Ministerio de Economía y por el Banco de España.

Este es uno de los aspectos que despierta más preocupación entre los críticos. Es el Estado quien recibe y tiene que devolver el rescate a la banca. El FROB repartirá el dinero entre los bancos que pidan ayuda. A cambio exigirá, presumiblemente, medidas de austeridad a las entidades —desde cierre de oficinas y despidos de plantilla hasta sobriedad en las retribuciones a los directivos—.

Si los bancos devuelven el préstamo —con intereses—, España podrá devolver el rescate —también con intereses—. Si alguno no logra pagar su deuda, será el bolsillo de los españoles el que tenga que rascarse.

Actualización (30/06/2012): La eurozona ha alcanzado un acuerdo para rescatar a la banca directamente, sin intermediación del Estado. Esta era una reclamación de Rajoy ante Merkel y podría aliviar la presión sobre la deuda española. Aquí te explicamos los pros y contras del acuerdo.

Las condiciones exactas no han sido concretadas todavía. Diversas fuentes apuntan a que España tendrá que pagar unos intereses de entre el 3 y el 4 por ciento y devolver el dinero en un plazo de 10 años. Otras informaciones señalan que el plazo será de 15 años. De confirmarse, serían unas condiciones más cómodas y favorables que las emisiones de deuda actuales, por las que España está pagando intereses inéditos.

Entonces, ¿cuánto tendrá que pagar España? ¿Cuánto tendrá que devolver el FROB a la UE? La UE espera recuperar el préstamo con algo de rentabilidad. Es decir, pagaremos intereses ligeramente superiores a los que la UE pagará por los bonos que venderá para financiarnos a nosotros. Al final, la cifra última dependerá de la porción de rescate que consumamos. El rescate no llegará de una sola vez, sino en partes, en función de nuestras necesidades y cumplimientos —si solucionamos el problema antes de los 10 años previstos y sin apurar los 100.000 millones, mejor; si en algún momento no cumplimos las condiciones, abismo—.

Algunos cálculos y previsiones auguran un coste de entre 3.000 y 3.500 millones de euros anuales en intereses. A partir de aquí, dependerá de los años que tardemos en devolver el dinero.

El FROB prevé dos tipos de ayuda pública a los bancos, mediante la compra de acciones o mediante la compra de títulos convertibles, los famosos 'cocos'.

Si el Estado compra 'cocos' de las entidades —bonos contingentes convertibles—, las entidades tienen que pagar un interés del 10 por ciento en cinco años. Si no consiguen pagar, como le ocurrió a Bankia, el Estado se convierte en accionista de la entidad y queda a expensas de que algún día las acciones recuperen un valor suficiente como para compensar el préstamo. CatalunyaCaixa, NovaGalicia, y el Banco de Valencia podrían seguir los pasos de Bankia y despiertan serias dudas. No sería raro que se repitan nuevas nacionalizaciones de bancos en apuros. En tal caso, el Estado tendría que luchar por sanearlos y venderlos —con ganancias— antes de 10 años.

Si los bancos no lograsen pagar y el Estado tuviese que asumir el precio, España se enfrentaría a un problema aun mayor: la crisis bancaria se convertiría en una crisis de deuda.

El rescate puede repercutir en la población por varias vías.

Grandes empresas y pymes se quejan desde inicios de la crisis de que gran parte de sus problemas se derivan del cierre del grifo crediticio. Con esta inyección, ¿volverán los bancos a financiar a las empresas? El Gobierno espera que sí, aunque otros analistas opinan que puede ocurrir el efecto contrario si las entidades destinan este dinero a provisionar sus pérdidas inmobiliarias en lugar de prestarlo a los particualres para reanimar la actividad económica. Los bancos tardarán mucho en recuperar sus niveles de préstamo mientras tengan que devolver al FROB lo que el FROB debe devolver a la UE. Incluso puede que entre las exigencias a los bancos se ponga un límite a sus posibilidades de prestar dinero.