La ministra española de Empleo afirma que la reforma deja los derechos 'intactos'

Báñez defendió, en una entrevista con el diario ABC, que los cambios en las indemnizaciones por despido procedente e improcedente -que con la reforma se abaratan y facilitan- acercan España a Europa y que lo que se ha querido es evitar conflictos judiciales al objetivar y clarificar más las causas de despido procedente.

'Es una reforma en línea con Europa, que introduce transparencia y seguridad jurídica en las relaciones laborales en nuestro país', afirmó.

Entre las novedades de la reforma está que la indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta ahora.

En cuanto al despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- se mantiene la indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se dan facilidades a la empresa para poder acogerse a él.

Para Báñez, los cambios 'permiten a las empresas tener más flexibilidad para adaptar las condiciones de trabajo en tiempos de crisis y evitar así despidos', a la vez que se sientan las bases para que se pueda crear empleo estable cuanto antes.

'Lo que hace la reforma es permitir a las empresas que puedan ajustarse a las situaciones económicas adversas con mayor flexibilidad y que el despido sea el último recurso', señaló.

Con la reforma, apunta Báñez, 'ganan todos los trabajadores' así como los desempleados, los jóvenes y las Pymes.

La reforma laboral adoptada por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy -que busca revertir el imparable desempleo que ya alcanza al 23 por ciento de la población activa, unos 5,4 millones de personas- ha sido criticada desde la oposición de izquierda y los sindicatos.

Los dos principales sindicatos, CCOO y UGT,anunciaron ayer que convocan manifestaciones para el día 19 de febrero, cuando quieren que 'las calles se conviertan en un clamor' contra la reforma.

Báñez también reiteró en la entrevista que la prestación por desempleo es un derecho de los trabajadores que el Gobierno 'no va a tocar' y que se luchará para evitar el fraude con un nuevo plan que intensificará los controles y los cruces de información entre administraciones.