En Tenerife se derriba el patrimonio histórico con total impunidad, según un concejal

En Tenerife se derriba el patrimonio histórico con total impunidad, según un concejal

09/07/2012 En Santa Cruz de Tenerife se derriban edificios del conjunto histórico "con total impunidad" porque hay "una ingeniería legal" con la que Cabildo y Ayuntamiento sortean la aplicación de la ley del Patrimonio Histórico, afirma el concejal de Sí se Puede en la capital, Pedro Fernández Arcila.

Al respecto, el concejal anuncia en una entrevista a Efe que pedirá el expediente relativo a la demolición de un edificio, y el próximo derribo del que está contiguo, situado en los aledaños del Teatro Guimerá que, al estar catalogado como monumento histórico, conlleva la protección de todas las fachadas situadas en su ámbito.

Pedro Fernández Arcila cree que este caso puede ser "grave" y advierte de que en la capital tinerfeña la idea que transmiten las autoridades es que los elementos catalogados como patrimonio "son edificios ruinosos que hay que demoler".

El Ayuntamiento percibe los inmuebles catalogados "como una carga, en vez de verlos como un tesoro", afirma el portavoz de Sí se Puede quien, como ejemplo, señala que hay "un acuerdo unánime" para "dejar caer" el barrio del Toscal.

El Toscal fue declarado conjunto histórico por el Gobierno regional en 2007, el mismo año en el que la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) interpuso un recurso contra la decisión del Cabildo y del Ayuntamiento de autorizar la demolición de cuatro viviendas para construir un edificio de cinco plantas.

En junio de este año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso de ATAN y cuestiona la actuación del Cabildo, que ve contradictoria por haber autorizado la demolición de inmuebles en un conjunto histórico sin que se hayan declarado en ruina y antes de la aprobación del plan especial de protección del barrio.

Para Fernández Arcila, este modo de proceder no es aislado ni un error de interpretación del valor patrimonial, sino que responde a una forma de actuar del área de Patrimonio del Cabildo desde hace más de 15 años, con técnicas "depuradas" que dejan "la puerta abierta" para que los ayuntamientos otorguen las licencias de demolición y construcción.

"Es la marca de la casa y ha sido uno de los problemas fundamentales del patrimonio histórico de la isla. Es la misma forma de proceder que en el caso del teatro Atlante en La Orotava, cuya demolición se evitó, pero en cambio en los tres conjuntos históricos de Santa Cruz el balance de la actuación del Cabildo es muy negativo", sostiene.

Como ejemplo precisa que en el llamado "barrio de los hoteles", uno de los conjuntos históricos, se autorizó en su momento la demolición de viviendas, lo que también ha ocurrido en los aledaños de la calle de la Noria y de la iglesia de La Concepción, como sucedió con una casa canaria derribada para edificar un bingo.

Lo curioso es que las propias instituciones recomiendan a los afectados que acudan a la justicia "porque saben que se puede tardar 5 años en dictar una sentencia", como ha ocurrido con las viviendas del Toscal, con lo que resulta complicado devolver las cosas a su estado original.

La solución puede comenzar por que los jueces acuerden la medida cautelar de suspensión de licencia en tanto se dirime el asunto, algo que no es habitual porque las autorizaciones suelen contar con informes a favor de los técnicos, apunta.

Para Fernández Arcila sería necesario modificar la regulación legal en este aspecto, sobre todo en los ámbitos urbanístico y medioambiental, para permitir mayores facultades al juez e introducir el principio de "precaución" con el objetivo de analizar "con cierta profundidad la licitud o no de la licencia".

Hay que tener en cuenta, explica, que el patrimonio histórico está en el centro de las ciudades y está sometido a una importante presión especulativa, por lo que ante las expectativas de enriquecimiento, incluso los propietarios prefieren demoler y que se edifique un inmueble nuevo.

El problema es que ni Gobierno, ni Cabildo ni Ayuntamiento han aplicado políticas para fomentar la rehabilitación de las viviendas e involucrar a los propietarios, como ocurre en Santiago de Compostela, y ven el patrimonio como un gravamen, no como un potencial económico para la rehabilitación y para ofrecer rutas turísticas, educativas y sociales.

Es desconcertante, opina Fernández Arcila, quien no percibe interés alguno en los gobernantes y en concreto, ve decepcionante la labor del PSC, que debería venir "con otros aires".

El cuidado del patrimonio no está "en la agenda política" ni de Ayuntamiento ni de Cabildo, aunque el concejal elogia la labor de los técnicos de Patrimonio de la corporación insular, que propusieron ampliar el catálogo de edificios históricos en la tramitación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz, lo que no ha aceptado la corporación municipal.

Agencia EFE ver más noticias

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